Parlamentarios de la oposición denunciaron este viernes que las autoridades han presionado a familiares del inspector de Policía Óscar Pérez y de los otros seis integrantes del grupo de sublevados que lideraba para que autoricen la cremación de sus cadáveres, reseñó EFE.
Pérez y las otras seis personas, que son calificados de “terroristas” por el Gobierno, murieron el lunes durante un operativo policial en el que se dispararon contra la casa en la que habían sido encontrados una gran cantidad de tiros y se llegó a utilizar un lanzagranadas.
“Hablé con familiares que están allá adentro, con la mamá de Daniel Soto, y me dijo que no les querían entregar los cuerpos para hacerles el reconocimiento post-mortem porque estaban descompuestos”, dijo a Efe por teléfono el diputado Winston Flores, de la comisión del Parlamento -de mayoría opositora- que investiga lo ocurrido.
Para Flores, “es una excusa más” de las autoridades para no mostrar cómo quedaron los cuerpos.
Según el diputado, familiares de Pérez y de su compañero de alzamiento José Díaz Pimentel les contaron que un alto cargo del Ministerio de Interior les pidió “que firmaran la autorización para cremarlos” porque “era más fácil hacer ese procedimiento”.
“Los familiares nos pidieron expresamente que el Nuncio del Vaticano se acerque para mediar y que les entreguen los cuerpos”, añadió el lesgislador.
Otra de las que han intervenido en el caso es la diputada Manuela Bolívar. “Han presionado a familiares, inclusive con la promesa de que después de firmar verán los cuerpos”, dijo a Efe.
“#ULTIMAHORA #MasacreDelJunquito acabamos de recibir denuncia de q los familiares están siendo presionados a firmar autorización para cremar cuerpos. Art 28 Ley Servicios Funerarios PROHÍBE cremación de cuerpos sometidos a investigación penal. NO SE PUEDEN CREMAR”, escribió poco antes la también diputada Delsa Solórzano en Twitter.
Estos parlamentarios llevan desde el lunes acudiendo a una morgue caraqueña que está militarizada desde el lunes para conseguir que las autoridades entreguen a sus familiares los cuerpos de los muertos en la operación contra Óscar Pérez.
Según los legisladores, que temen que los cuerpos sean incinerados sin una autopsia, los responsables de la custodia de los restos se han negado hasta ahora a darles cualquier información sobre los exámenes forenses que por ley deben hacérseles a los muertos.
Según el ministro del Interior, Néstor Reverol, siete “terroristas” y dos policías murieron en lo que describió como un “enfrentamiento” armado entre los dos grupos.
Antes de ser abatido, el grupo de Pérez publicó en las redes sociales una serie de vídeos en los que se veía al inspector tratando de negociar una entrega pacífica y con garantías ante los agentes.
Pérez -que estaba herido en uno de los vídeos- pedía poder rendirse para salvaguardar la vida de los “civiles inocentes” que había en la sala.
El inspector y piloto de la Policía científica Óscar Pérez se alzó contra el chavismo el pasado mes de junio, cuando en plena ola de protestas callejeras contra el Gobierno sobrevoló Caracas en un helicóptero del citado cuerpo y disparó sin causar heridos contra dos edificios oficiales.
Pérez -que ya desde la clandestinidad difundiría varios vídeos en los que manifestaba su intención de derrocar a “la dictadura”- volvió a actuar en diciembre pasado, cuando asaltó un cuartel militar, sustrajo armamento y sometió a un grupo de soldados, a los que recriminó su apoyo a Maduro.
La acción fue grabada y difundida en las redes.
Grupos de derechos humanos consideran lo ocurrido con los siete insurrectos una “ejecución extrajudicial”. La Conferencia Episcopal venezolana y más de 20 expresidentes de España y Latinoamérica se han pronunciado hoy en los mismos términos.
La tragedia ha empezado a conocerse en Venezuela como “la masacre de El Junquito”, por el barrio popular donde se encontraba la casa en que se eliminó al grupo.
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