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domingo, 21 de enero de 2018

Agencia Tributaria de España denunció ante la Fiscalía a Shakira por presunto delito fiscal

La Agencia Tributaria ha enviado a la Fiscalía una denuncia contra Shakira por presunto delito fiscal durante cuatro ejercicios, según confirman fuentes próximas a la acusación, reseña La Vanguardia.
Desde el entorno de Shakira se asegura que esta siempre ha cumplido con sus obligaciones fiscales y está dispuesta a hacer frente a las “consecuencias económicas de las discrepancias técnicas que tiene con la inspección de Hacienda. Se trata de una diferencia de criterio, no de ocultamiento fiscal”, según la fuentes consultadas.
El importe del caso, atendiendo a los cuantiosos ingresos de una artista de la reputación internacional de Shakira, es muy cuantioso, “de varias decenas de millones de euros”, según fuentes implicadas en la investigación.
Según fuentes como Forbes, Shakira ingresaba a comienzos de la década 25 millones anuales con sus giras mundiales, la cuarta en el ranking mundial.
El núcleo del contencioso entre la Agencia y Shakira se refiere a su residencia a efectos fiscales. Desde el 2011, cuando se formalizó públicamente su relación con el futbolista azulgrana Gerard Piqué, y hasta el 2014, es decir cuatro años, la artista colombiana se ha mantenido como residente fiscal fuera de España. Desde el 2015, sí que ha establecido su residencia en España a todos los efectos. Durante los años sometidos a inspección, sostienen las mismas fuentes, Shakira no tuvo vivienda propia en Barcelona, y hasta el 2013 no tuvo el primer hijo con su pareja.
Hacienda sostiene que entre el 2011 y el 2014, Shakira debería haber declarado como residente en España
Ante la inspección, los representantes de la artista colombiana han defendido que la mayoría aplastante de sus ingresos procede de sus giras y actuaciones en el mundo y, como consecuencia, durante los años que la Agencia Tributaria ha investigado ella pasaba la mayor parte del año fuera de España, por lo que no sumaba los 183 días que establece la legislación como primer criterio para definir si un contribuyente debería ser residencia fiscal.